El presupuesto nacional del 2010: un golpe más a la clase trabajadora en tiempos de crisis

Roque González

El pasado 24 de noviembre se aprobó, en primer debate y con 28 votos en la asamblea legislativa, el presupuesto nacional para el año 2010. Esta fórmula presupuestaria confirma al gobierno como defensor acérrimo del capital trasnacional y enemigo de las y los trabajadores. Tal coyuntura demostró también el carácter conservador de las direcciones sindicales, incapaces de llamar a una movilización unificada para combatir el presupuesto.
A comienzos de setiembre, el gobierno presentó al plenario legislativo el proyecto de ley del presupuesto: estamos hablando de 4, 567, 884 millones de colones. Según este, el 60% del mismo (¢2.666.921 millones) se financiará por medio de ingresos corrientes, en su mayoría impuestos. El restante 40% (¢1.900.562,9 millones) se obtendrá mediante la emisión de títulos valores, o sea, deuda pública.

Esta propuesta fue anunciada con bombos y platillos por el Arismo y la bancada liberacionista en la asamblea: La ministra de Hacienda, Jenny Philips, defendió su “amplio contenido social”, aduciendo que no existe ninguna institución pública a la que se no se le haya incrementado su monto. Los diputados verdiblancos, quienes votaron a favor de la propuesta, afirmaron que era la única forma presupuestaria viable en un año de crisis económica. Sin embargo, los datos aportados por el poder ejecutivo sobre la naturaleza y distribución del presupuesto, en apariencia positivos, no resisten el mínimo análisis.

En primer lugar, pese a que nominalmente el presupuesto crecerá un 12% con respecto al 2009, realmente lo hará apenas 6%, debido a que, según las fuentes oficiales, la inflación va a alcanzar como mínimo un 6% para las instituciones del Estado. Todo esto consolidará la política sostenida de debilitamiento del sector público, con rebajas salariales, débil capacidad para generar empleos y  poco margen para la mejora de los servicios en instituciones como el INS y el ICE, las cuales deben soportar la feroz competencia que implica la llegada masiva de las transnacionales con la aprobación del TLC.   Se puede afirmar que en el presupuesto del próximo año, se va a gastar más de lo que ingresa. “Los gastos corrientes estimados ascienden a ¢3,2 billones, mientras los ingresos corrientes en el presupuesto llegan a los ¢2,6 billones” (La Nación, 24 de noviembre del 2009).

En cuanto a la distribución del presupuesto por áreas e instituciones específicas, observamos grandes paradojas y desigualdades. Mientras que el presupuesto para la educación va a llegar apenas a 6,86%, el crecimiento del monto destinado al Ministerio de Seguridad será de un escandaloso 24%; además, el 32% del total del presupuesto se gastará en pagar la deuda pública. Tal incremento en seguridad no nos debe extrañar: en un escenario de profundización de los conflictos sociales, el régimen necesita de recursos suficientes para controlar  a aquellos sectores que atrevan a movilizarse por el mejoramiento de sus condiciones de vida.

He aquí otra enorme contradicción: por un lado el gobierno, con el respaldo de las administraciones de las cuatro universidades públicas, aprueba la reducción, de un 24 a un 16%  del presupuesto para estos centros de enseñanza; por otro, reserva un monto específico (alrededor de 15 mil millones de colones) para la indemnización de los trabajadores de JAPDEVA.

Un presupuesto hecho a la medida de las transnacionales

¿Qué implica todo esto? Que la crisis presupuestaria en las arcas del Estado es tan fuerte que se violentó el artículo 6 de la Ley 8131 para poder subsanar, mediante deuda pública, ese enorme vacío de casi 2 billones de colones.

Dos hechos fueron los que propiciaron tal descalabro: en primer lugar,  la crisis económica que desde el año pasado azota al país, pero principalmente la débil política de recaudación fiscal asentada desde hace ya varios años. En palabras simples: los sectores que más producen y más ganancia obtienen (las zonas francas, las grandes transnacionales de la piña o empresas como INTEL, por ejemplo) son los que menos impuestos pagan. Más bien ha sido una directriz consciente de nuestros gobernantes la de otorgar privilegios y garantías al capital extranjero. A esto hay que sumarle la caída del sector construcción, uno de los pilares de la inversión extranjera directa y el crecimiento económico, y que en los últimos años ha sido una rama claramente tasada en la carga impositiva. 

Esta propuesta desenmascara la bancarrota de las políticas neoliberales implementadas por los gobiernos de turno: una crisis presupuestaria de esta magnitud indica el fracaso del modelo económico promovido en el país desde hace treinta años. Para muestra un botón: los TLC, con sus capítulos sobre la inversión extranjera y la política de zonas francas hacen que, mientras el PIB solo cae alrededor de un -1.8%, el presupuesto nacional disponible se desplome; es decir que mientras la producción nacional decrece pero se mantiene prácticamente invariable, el presupuesto para invertir en salud, educación, carreteras etc., se viene abajo, porque no se le están cobrando impuestos a los sectores que continúan “haciendo su agosto” en el país. En medio de la crisis capitalista más fuerte desde 1929, el gobierno de Arias ha optado por  mantener los privilegios de la burguesía y seguir deteriorando las condiciones de vida de la clase trabajadora, aprobando un presupuesto de hambre en un año donde la situación recesiva se profundizará.

Una vez más, la burocracia sindical capitula y no llama a movilizar contra el presupuesto de los Arias

Desde el MAS salimos inmediatamente a denunciar este miserable presupuesto y afirmamos que representa una forma directa de pasarle la factura de la crisis al pueblo y de defender los intereses de los verdaderos culpables de la misma: la burguesía empresarial. Nos opusimos al financiamiento de presupuesto mediante deuda pública y propusimos que se tomara dinero de la reserva de divisas del banco central, la cual asciende a más de 4000 millones de colones, así como impuestos más altos para las transnacionales y zonas francas. Esta trascendental tarea que suscitaba la coyuntura política puso a la orden del día la posibilidad de que los sectores sociales se articularan de manera conjunta contra el plan presupuestario. Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera.

Desde la derrota en el referéndum del TLC, el movimiento popular no ha vuelto a aglutinarse bajo ejes unitarios; de hecho, las pocas luchas que vienen dando, como las  de las universidades públicas por un presupuesto acorde con sus necesidades, en Crucitas y Sardinal contra las transnacionales, los trabajadores en Limón contra la privatización de JAPDEVA, los educadores por salarios, etc. han sido por separado o con pequeña dosis de  solidaridad de los demás sindicatos, organizaciones populares y estudiantiles.

En medio de este panorama es que nuestro partido, principalmente desde su trabajo en la FEUCR, se dio a la tarea de generar espacios de coordinación (Encuentro Nacional de Lucha, movilización del 29 de setiembre contra el presupuesto nacional) para luchar contra los nefastos planes gobiernistas, a partir de la movilización y la unidad de la mayor cantidad de sectores. Sin embargo, la política conciliadora de ANEP y la Juanito Mora, Rerum Novarum, ANDE y SEC, quienes evitaron (y evitan) toda confrontación en las calles con el gobierno (basta recordar la vergonzosa propuesta de ANEP sobre las 10 medidas para enfrentar la crisis), dio al traste con una oposición de masas de cara al tema presupuestario; esto le allanó el camino al Arismo para conseguir la aprobación de dicho presupuesto. Tales direcciones burocráticas se encontraban sumergidas de lleno en la dinámica electoral (varios de sus dirigentes sindicales encabezan candidaturas a diputados y regidores), por lo que involucrarse en movilizaciones les podía hacer mala publicidad a la hora de salir a la caza de votantes.

Para propinarle una derrota al gobierno de  los Arias con respecto al presupuesto Nacional, se hacía necesaria la unidad de todos los sectores del movimiento popular costarricense, pero, debido a la política anti-movilización y electorera de las direcciones del movimiento de masas, esto nunca fue posible. Que esto nos quede de experiencia para futuras luchas.