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 Laura Morúa fue candidata a la Secretaría General Adjunta de la ANEP en las pasadas elecciones del sindicato. Socialismo Hoy conversó con ella sobre la lucha por democratizar la ANEP y las tareas a futuro.

 Socialismo Hoy (SH): ¿En qué situación se encontraba la ANEP antes del surgimiento de la tendencia Rescate?

 Laura Morúa (LM): Era una ANEP con un ejercicio nulo de la democracia sindical, donde sus afiliados no se enteraban de los procesos internos elementales, como la elección de la Junta Directiva Nacional (JDN). Se encontraba en medio de una parálisis de muchísimos espacios de toma de decisiones como lo son sus  asambleas. Desde la génesis de Rescate en marzo pasado, se logró dinamizar la participación de una parte muy importante de la afiliación, pasamos de tener unas asambleas de 100 personas a otras con más de 900 afiliados y afiliadas. La afiliación se hizo presente para cuestionar,  preguntar y exigir cuentas, situación que durante años no fue posible por el papel autoritario del Secretario General Albino Vargas, autoritarismo que se ha ido desgastando y ahora cientos exigimos democracia y transparencia en ANEP.

La tendencia Honestidad triunfó en las elecciones del Directorio para el periodo 2011-2013, obteniendo entre el 60 y 70% de los votos en todos los puestos. El nuevo Directorio encabezado por Beatriz Ferreto está llamado a encarar los retos que la situación política nacional le plantea, tales como el fortalecimiento de los espacios democráticos de la organización y asumir un rol protagónico en la superación del gremialismo y la atomización que vive el movimiento sindical costarricense.

La primera elección universal es un triunfo democrático

El miércoles 10 de agosto fue un día histórico para la APSE: por primera vez toda la afiliación pudo ejercer su voto a lo largo y ancho del país para elegir el Directorio de la  Junta Directiva Nacional.

Este es un importante logro democrático, ya que anteriormente en la elección solo participaban dos delegados por cada colegio. Este hecho es un avance progresivo que hay que conservar, pese a los problemas suscitados en el proceso electoral reciente (la desordenada votación de delegados en el congreso o la postergación del sufragio en las regionales 16 y 17 para una semana después).

Por otro lado, este proceso deja fuertemente diezmada a la tendencia Alternativa en Acción (AA), que obtuvo entre 30 y 35% de los votos. Este resultado demuestra las falencias en la orientación de dicha tendencia, la abstracción y desenfoque de muchas de sus críticas, y el malestar contra muchas de las posiciones asumidas por personas como Gilda González, Alexander Bustamante o  Jesús Vásquez. 

El contexto de la elección universal

La coyuntura política que sirvió como telón de fondo para esta elección estuvo marcada por un cúmulo de luchas y de resistencia a los planes anticrisis  por parte del gobierno, los cuales han tenido como ejes el cargar los costos de dicha recesión sobre los hombros de la clase trabajadora y el ataque a los derechos laborales y sindicales, principalmente en el sector público.

Pese a la oposición y resistencia del magisterio, con APSE a la cabeza, el gobierno sigue implementando su agenda.  Prueba de ello fue la negociación salarial de medio periodo, que  gestionó un minúsculo aumento a nuestro salario en una negociación antidemocrática, la implementación de manera fraccionada del salario único o la reforma fiscal, cobrando nueva fuerza con el beneplácito del PAC.  Creemos que esto se debe a que la mayoría de las organizaciones sindicales no se plantean una oposición unificada e independiente a los planes del gobierno. Unas, como la Rerum Novarum o la ANEP apelan directamente a la conciliación y a la negociación entre cuatro paredes, mientras que el resto se limita a cuidar su parcela, dando luchas importantes pero aisladas.

Pese a los aciertos de la APSE existe una realidad que no podemos esconder: respecto de la superación de  la crisis y atomización del movimiento sindical y popular no hemos jugado un rol de vanguardia que sí lo cumplimos a nivel de luchas magisteriales.

Las tareas urgentes de la APSE para el próximo periodo

En primera instancia requerimos profundizar las discusiones estratégicas en los espacios pertinentes de la APSE para tal efecto.

Tenemos una asociación con una vida interna  dinámica: frecuentemente se realizan asambleas de presidentes de base, asambleas de base, reuniones de Directorio y Directiva Nacional, congresos regionales y nacionales; sin embargo las discusiones estratégicas sobre la situación de la educación pública bajo el modelo neoliberal y los métodos y propuestas para enfrentarla no han sido la constante. El último congreso, lejos de hacerse un balance de las luchas anteriores, y de armarnos políticamente para el próximo periodo, se limitó a actos protocolarios,  presentación de informes y al trabajo en comisiones.

Tal y como se ha venido dando en el país y en los demás países de América Latina, la educación pública ha estado bajo amenaza constante de los gobiernos de turno que quieren profundizar su carácter mercantil. Ante esta dura realidad necesitamos continuar preparando y formando a nuestras bases para que se podamos relacionar las problemáticas que enfrentamos cotidianamente con ese marco más general de deterioro de la educación pública en su conjunto.

Urge desarrollar un modelo de congreso nacional con ejes temáticos definidos, donde se discuta y voten ponencias que nos preparen para pasar a la ofensiva ante los constantes ataques a nuestras condiciones de vida por parte del gobierno; además de abordar las discusiones más globales sobre política nacional e internacional.

Requerimos que la APSE se posicione como una organización “campeona” de la unidad contra las políticas de austeridad, ajuste fiscal y de recortes salariales que afectan al conjunto de la clase trabajadora.  Por unidad no nos referimos solamente a emitir pronunciamientos y manifestar apoyo a esta o aquella lucha, sino de participar en ellas, desarrollarlas a fondo y proponer la tarea urgente de agrupar a los demás sectores independientes entorno a un programa y a un nuevo espacio de articulador de esos sectores del movimiento sindical.

El 17 de agosto del 2010 se aprobó con dictamen afirmativo unánime, en la comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral. En ese momento el diputado José María Villalta afirmó que “de parte de la Fracción del Frente Amplio vamos también a votar a favor el dictamen de este proyecto. Con mucha esperanza de que se logren consolidar esos acuerdos importantes alcanzados entre el Gobierno, el sector de trabajadores, y el sector patronal”. En un comunicado el Frente Amplio  informó que “hasta ahora, en nuestro balance el saldo es positivo. O sea, es más lo que ganamos con esta reforma” (Informe semanal 16-22 agosto 2010).

Los acuerdos a los que hacía referencia el diputado Villalta en ese momento contemplaban  medidas que limitaban el derecho de huelga y legitimaban instrumentos anti sindicales como los Comités Permanentes, todo esto  a cambio de supuestas mejoras en los procesos ordinarios laborales. Dichos acuerdos fueron tomados entre cuatro paredes por todas las fracciones legislativas (incluido el Frente Amplio), la alta dirigencia de la ANEP y el empresariado representado en la UCCAEP.

Un tema tan importante se pactó con los empresarios y se mantuvo enclaustrado en comisiones de “concertación” y en debates parlamentarios, sin que se hubiera debatido con toda seriedad y profundidad  este proyecto en el movimiento sindical. Luego del dictamen unánime en Comisión organizaciones como la APSE y la CGT alertaron sobre algunos alcances nefastos del proyecto y abogaron por corregir los aspectos regresivos que ya habían sido aprobados.

Se impuso un golpe de timón que abrió nuevamente el debate, obligando al Frente Amplio y a la ANEP a revertir el pacto firmado con la UCCAEP y a cambiar su posición respecto al proyecto. No obstante, pese al esfuerzo por enmendar los errores, la dinámica parlamentaria y de comisiones cerradas se mantuvo e  impidió que avanzaran las enmiendas propuestas al proyecto aprobado en comisión.  

Con la llegada al directorio legislativo de la “Alianza por Costa Rica” el Frente Amplio definió como su proyecto prioritario la reforma procesal, que había pasado un tiempo en el congelador ante la total indisposición del gobierno de permitir cualquier reforma al proyecto aprobado unánimemente en comisión.   No obstante, pocos días después  el Frente Amplio tuvo que solicitar la sustitución del proyecto por el expediente Nº 16.897 para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua.  La alianza parlamentaria demostró una vez más su total inutilidad para los intereses de la clase trabajadora, poniendo en evidencia el limitado alcance del parlamentarismo como estrategia, completamente incapaz de garantizar los cambios que requerimos.

Cualquier reforma favorable a los intereses de la clase trabajadora solamente podía avanzar con la presión extraparlamentaria de movilización y acción sindical, la cual nunca se dio. Durante la discusión del proyecto, salvo algunas pocas excepciones, tampoco hubo un  debate amplio en cada una de las bases de los sindicatos y a nivel popular que permitiera concientizar y generar organización para  luchar.

La discusión sobre la reforma deja también un nefasto precedente de concertaciones espurias con el empresariado. Mediante un comunicado la UCCAEP señaló públicamente que “el texto en discusión en la Asamblea Legislativa es producto de un acuerdo entre sindicalistas, gobierno y empresarios. [La] Iniciativa ha sido conocida de en varios foros tripartitos desde hace más de seis años”  y que por lo tanto exigirían “respeto en todos sus extremos del acuerdo alcanzado para que el proyecto de reforma Procesal Laboral se apruebe en la Asamblea Legislativa”.

Ante este emplazamiento público del empresariado quienes firmaron ese oscuro pacto guardaron silencio, mientras la reforma fue retirada de las prioridades de discusión sin gloria alguna. 

 El Ministro de Educación ha insistido en su propuesta de reforma al calendario escolar,  planteando uno y otro argumento para defenderla sin que hasta el momento haya quedado claro cuáles serían sus verdaderas intensiones.

 La antesala de la trimestralización: los 200 días de clase.

Hace algunos años se puso en vigencia la propuesta de 200 días efectivos de clases, que traslado el inicio del curso lectivo  a los primeros días de febrero y no en marzo como lo establece actualmente el Código de Educación y la Ley de Carrera Docente. Esta propuesta se tradujo en más días de clase al amparo de las tesis neoliberales del mejoramiento y el rendimiento escolar, que plantean que a mayor tiempo invertido en la educación mejores resultados se obtendrían.

Los 200 días de clase fueron un total fracaso, no hubo mejoras en la calidad educativa como pregonaban, tampoco se mejoró la capacitación y mucho menos se favoreció al estudiante. Lo único que provocó el plan 200 fue un mayor agotamiento para el personal y el estudiantado.

 Algunas objeciones a la trimestralización de Garnier.

La propuesta no resuelve los graves problemas de nuestro sistema educativo público. Tampoco garantiza una reducción del agotamiento del personal y el estudiantado. El cansancio es producto del modelo educativo neoliberal en el que se apoya la trimestralización: intensificación de la jornada escolar (200 días), sobre carga laboral y no reconocimiento de tiempo laboral real (planeamiento, preparación y revisión de exámenes), educación tradicional basada en el aprendizaje por repetición y en una evaluación vertical, estandarizada y memorística, aumento de las problemáticas sociales producto de la imposición de un modelo económico concentrador de la riqueza, deficiente infraestructura educativa, entre otros.

Este reordenamiento del curso lectivo obedece a cambios más estructurales que se vienen dando en los sistemas educativos públicos: reforma curricular, cambio en los modelos de gestión de las instituciones, precarización del empleo y flexibilización laboral, entre otros. Por lo tanto podemos afirmar de forma categórica que no hay nada que celebrar o aplaudir en ella.

 Es necesaria una reforma al calendario escolar, pero no en los términos ni en la forma en que Garnier la plantea.

Una calendarización que favorezca al estudiantado y al profesorado tiene que ser pensada en función de reducir la sobre carga laboral y el estrés que genera el actual sistema de evaluación y las actuales condiciones en las instituciones. En este sentido tendríamos que discutir sobre algunas posibles alternativas como:

• La vuelta al calendario escolar de 175 días como lo establece la ley de carrera docente, revirtiendo la imposición del plan 200 días.
• La reorganización del calendario escolar en dos semestres con un período de descanso entre el primero y el segundo, y otro período más prologando al finalizar el año.
• La modificación del sistema de evaluación para reducir la cantidad de pruebas actuales, eliminar la excluyente prueba de bachillerato e incorporar formas de evaluación más ligadas a los intereses y experiencias del estudiantado.
• El mejoramiento en las condiciones de estudio y trabajo. Mayor inversión educativa pública, pago de lecciones del planeamiento y recuperación, reducción del tamaño de los grupos, entre otras.

Es necesaria la movilización de todo el magisterio. El pasado 28 de junio se dio una masiva movilización que tuvo como eje central la oposición a la trimestralización , ubicando a esta propuesta frente a un futuro incierto. La movilización fue un éxito y  hace manifiesta a su vez  la necesidad de trascender el debate sobre la reforma al calendario y avanzar  hacia la lucha por mejores condiciones laborales y pedagógicas que se opongan a la embestida neoliberal en educación. La lucha contra la trimestralización constituye un capítulo de una batalla de largo alcance, en la cual se pone a prueba la capacidad de las organizaciones sindicales para luchar por verdaderas reformas orientadas a fortalecer el sistema educativo público.