Home Mujeres
Mujeres Trabajadoras
Sobre la Fecundación In Vitro: un debate con la iglesia PDF Imprimir E-mail
02 de Julio de 2011

El debate sobre el tema de Fecundación in Vitro (FIV) fue abierto en el país luego de que en el año 2000 la Sala Constitucional tomara la decisión de prohibir esta técnica de fertilización. Frente a las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta entidad increpó al país debido a que esta resolución atenta contra los derechos fundamentales de las personas a formar una familia.  

A pesar de que la CIDH estableció plazos para que el país legislara esta materia, el gobierno pidió una y otra prórroga sin lograr resultados concretos, y apenas a 47 días de vencerse el último plazo, los diputados de la Asamblea Legislativa decidieron enterrar el proyecto, colocando al país ante las puertas de ser sancionado por la violación a los derechos reproductivos más básicos. 

Una decisión de las mujeres, no de la Iglesia

El derecho a la maternidad, es un tema que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo,  a decidir si se quiere ser madre o no. La discusión versa sobre cuáles son las posibilidades que brinda el Estado a las mujeres para ejercer libremente esta decisión.

Con el tema de la FIV, se ha demostrado técnica y científicamente que ésta puede ser una opción válida y segura para las mujeres, donde el Estado debe garantizar todas las condiciones para que esta se pueda practicar con toda la libertad, en caso de que por opción personal una mujer decida hacerlo. Sin embargo, el hecho es que en Costa Rica han pesado más los argumentos ideológicos y religiosos que los argumentos científicos para reglamentar este tema.  

La iglesia católica ha sido muy clara con su oposición a la FIV, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Hugo Barrantes, declaró el pasado octubre que “nuestro compromiso cristiano [es] con el respeto incondicional a la vida humana desde su concepción”  y pidió que se mantuviera en el país la prohibición a la fecundación asistida.

La jerarquía de la Iglesia católica ha condenado una y otra vez el aborto y ahora se pronuncia en contra de la FIV alegando ser una defensora de la vida. Sin embargo, el papel histórico jugado por la iglesia demuestra no sólo que esto es absolutamente falso, sino también la hipocresía de esta institución. La evidencia abunda, desde el papel jugado por los sacerdotes en la bendición de las masacres durante la colonización de América, hasta los asesinatos cometidos durante la Santa Inquisición y la colaboración de la iglesia en una lista de dictaduras sangrientas.

Según cifras del año 2010 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el hambre y la desnutrición matan a 6 millones de niños y niñas anualmente. Ante su silencio cómplice cabe preguntarse, ¿dónde quedó la defensa de la iglesia por la vida?, ¿dónde queda la indignación de la Iglesia con los políticos que están diseminando la miseria en el mundo y que tantas muertes está causando? ¿Por qué no los nombran a ellos como los asesinos que son? Sería una posición mucho más consecuente el tener un efectivo compromiso con los pobres que el estar promulgando campañas de odio contra los intentos de las mujeres por ser madres.

Por un Estado laico

El argumento del “derecho a la vida desde la concepción”, responde más a argumentos de carácter religioso que científico, pues se estaría frente a una vida humana en potencia, pero aún no frente a un ser humano; éste no cuenta con historia de vida, no cuenta con conciencia, no cuenta con órganos formados y ni siquiera con tejidos. Si partiéramos de esto, todas las eyaculaciones que no produjeron embarazos han violentado el derecho a la vida.

Por esto nos parece inaceptable que contra todo argumento científico, en los hechos se está imponiendo una concepción religiosa y dogmática al conjunto de la sociedad a través de la Asamblea Legislativa, y no encontramos ya ninguna separación entre la Iglesia y los poderes del Estado, ya que los intereses de uno son reflejados en los del otro.  

La discusión sobre la FIV ha puesto en evidencia que es necesario sumarnos a la construcción de una sociedad donde las mujeres decidan, la sociedad respete, el Estado garantice y la Iglesia no intervenga. Pero esta nueva sociedad solo podrá ser construida a partir de la organización de la clase trabajadora y explotada, ese sector de la sociedad cuyo derecho a decidir ha sido históricamente pisoteado.

Última actualización el 16 de Noviembre de 2011
 
La Ley 8901 atenta contra la organización de la clase trabajadora PDF Imprimir E-mail
02 de Junio de 2011

La lucha por la equidad y el ingreso a espacios de participación restringidos a las mujeres, son parte de los principios que mueven a las diferentes agrupaciones feministas. Estas, desde sus trincheras, aplauden y han promovido los avances que en el país se han dado a través de la historia.  La aprobación del voto femenino en 1949, la elección de las primeras diputadas para la Asamblea Legislativa en 1953, la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Real en 1990, la reforma al Código Electoral en 1996 en cuota de participación femenina para puestos de elección popular y la Ley contra la Violencia Doméstica, han sido avances sistemáticos contra la opresión de las mujeres en la sociedad costarricense.

 Siguiendo esta línea de conquistas legislativas, se decreta en noviembre de 2010 la Ley 8901 “Porcentaje Mínimo de Mujeres que Deben Integrar Las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas”, la cual busca la paridad en el número de hombres y mujeres en las directivas de estas organizaciones. Cabe mencionar que en esta ocasión la Ley ha recibido fuertes críticas de diferentes sectores por su inviabilidad en contextos en los que la cantidad de personas de uno u otro sexo es mínimo o nulo, como es el caso de los comedores escolares o en grupos de fútbol masculino en el caso de las mujeres(asunto que se hubiese podido resolver planteando representación según la proporción de cada organización), lo que pone en evidencia la distancia de quienes legislan en relación con los sectores populares y sus necesidades específicas .

En los hechos, esta ley atenta contra la organización de la clase trabajadora ya que, a raíz de la misma, no se les ha permitido a muchas organizaciones inscribirse o funcionar normalmente por no contar con esos requisitos. Se pueden citar en este sentido mujeres de las maquilas, las empleadas domésticas y sindicatos en los que la mayoría, si no la totalidad de sus miembros, son varones.  Al mismo tiempo, esta ley tampoco plantea propuestas ante la situación de la mujer jefa de hogar y madre que tiene una serie de responsabilidades que le impiden tener una participación real en estos espacios.

Mediante una ley no se pueden cambiar aspectos culturales; se ocupa mucho más que eso para que la participación de las mujeres en la política sea efectiva. No tiene sentido que una legislación las obligue a la participación cuando tienen que  atender a sus hijos en sus casas porque su centro de trabajo no tiene una guardería o no cuenta con el apoyo solidario del padre en el cuido.

LAS CONQUISTAS FEMENINAS DESDE OTRO LUGAR

La Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) logró, a finales del 2010, la homologación de horario con los demás grupos de personas trabajadoras. Aún cuando esta lucha se remonta a 1993 y con esta se alcanzó el reconocimiento de vacaciones y el derecho a disfrutar de un día libre y feriados, en la actualidad el salario de este sector es el más bajo de todos los fijados en el país (¢131,907.04 según el Ministerio de trabajo para el 2011, mientras que un trabajador no calificado tiene un salario de ¢220,345.47).

Esta contradicción en las acciones dirigidas al ampliar las conquistas hacia la equidad devela la principal diferencia entre el feminismo liberal y el socialista. Hay mujeres más cercanas a la equidad que otras. Aún cuando hay una voluntad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, se ve  la diferencia existente entre la opresión (que es el sometimiento de una persona por medio de la humillación o la desvalorización) y la explotación, que es una retribución inferior del trabajo realizado a quienes ofrecen su fuerza de trabajo (obreros) por parte de quienes detentan los medios de producción (patronos).

 Si bien  todas las mujeres sufrimos de la opresión por parte de los hombres y la sociedad, la situación de las mujeres trabajadoras domésticas, migrantes o en condiciones de pobreza las coloca en una condición de mayor vulnerabilidad, siendo víctimas incluso de otras mujeres.

No es gratuito el hecho de que la disminución de la jornada de trabajo haya sido una lucha de varios años para las trabajadoras domésticas. El avance de esta conquista interpela directamente a la burguesía (a la cual pertenecen muchas feministas), la cual hace uso de estos servicios y podría calificar como “no conveniente” o “poco económico” el reconocimiento de estos derechos.

A partir de lo anterior, es clara la necesidad de que las mujeres trabajadoras nos organicemos dentro de un marco clasista en el que no sólo apuntalemos hacia la equidad entre hombres y mujeres; también es necesaria esta organicidad para la recuperación de una sociedad justa y sin explotación a la clase trabajadora.

Aún cuando el interés de que haya una mayor participación femenina en distintas organizaciones es claro, la realidad es que existe una diferencia entre la reforma legal y la reforma cultural que no debe dejarse de lado y que no puede resolverse en la medida en que la estructura económica y social actual continúe permeando las relaciones humanas.