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Gobierno de São Paulo desacata orden de la judicatura federal y permite que Policía Militar masacre el Pinheirinho

Lo que está aconteciendo en San José de los Campos (SP), en este exacto momento, es un crimen de proporciones inmesurables.  En pleno domingo, alrededor de las 6h de la mañana, con helicópteros, blindados, armas de fuego, bombas de gas y pimenta y, como mínimo, 2 mil hombres venidos de 33 municipios, la policía militar pone en curso una masacre a una población de trabajadores y niños que ayer conmemoraban felices la suspensión del  desalojo por la judicatura federal.

Hasta el momento, hay informaciones  que existen siete muertos y muchos heridos, pero la información aún no fue confirmada. Zé Carlos, presidente del Sindicato de los Conductores, fue baleado en la cabeza con un tiro de goma. Toninho Ferreira, abogado del Pinheirinho, fue herido con una bala de goma en la espalda. Helicópteros descargan gas pimienta sobre la población. Todo el entorno está cercado, y el pasó está prohibido. Señales de internet y teléfono están siendo cortadas. Fuera del Pinheirinho, la PM ronda el sindicato de  metalúrgicos, intimidando personas que llegan de todos los lados para solidarizarse.

La operación es incuestionablemente ilegal. Se trata de una verdadera aberración jurídica. La arbitrariedad es tan grande que el senador de la República, Eduardo Suplicy, el diputado Ivan Valente, el presidente del PSTU, Zé Maria, y el sindicalista Luís Carlos Prates están sitiados, dentro de una escuela, impedidos de salir. Y los responsables por ese crimen tienen nombre: Geraldo Alckmin, que podía desautorizar la acción y no lo hizo; el alcalde Eduardo Cury por su negligencia en el caso; la jueza Márcia Loureiro, por ordenar directamente la masacre y por su intransigencia.

La judicatura federal ya determinó que la operación fuera cancelada inmediatamente, pero la judicatura estadual  insiste en mantener la masacre. El comandante de la PM que coordina la acción está acompañado por el juez Rodrigo Capez, que lo orientó a desobedecer la orden de la Justicia federal, o sea, la Justicia estadual acompaña personalmente la operación.

En el momento en que el comandante recibió notificación, el juez reconoció que conocía de la decisión del Tribunal Regional Federal, que reconoce el interés de la corte federal en el proceso y, por lo tanto, el desalojo no podía acontecer. Sin embargo, él simplemente   dice que no reconoce esa decisión. La judicatura estadual está intentando resolver en campo de guerra una batalla que sólo podría ser definida por el Superior Tribunal Federal.

Extrañamos el nivel de interés en ese terreno, demostrado por los gobiernos del PSDB, estadual y municipal, por la Judicatura estadual, en la figura de la jueza Márcia Loureiro, y por la propia PM. ES fundamental, en ese momento, que el gobierno federal se manifieste y haga valer las leyes de ese país.

Pinheirinho es una cuestión de humanidad y de justicia social.  ¿Qué se puede pensar  de un juez que sale de casa un domingo de mañana para masacrar familias?   ¿De una jueza intransigente, que poco le importan las vidas de adultos y niños que serán destruidas? ¿De  un gobierno fascista que ejecuta una política higienista en el Estado de São Paulo?

Pero los trabajadores van a luchar hasta el fin. Aquel terreno es de los habitantes que hace ocho años transformaron un local improductivo en un barrio, es decir, dieron una función social, al contrario de lo que pretende Naji Nahas, que es usar el área para especulación inmobiliaria. El terreno tiene que ser de los trabajadores y no de un bandido, que ha  sido más de una vez condenado por corrupción y lavado de dinero.

Los habitantes de los barrios vecinos ya están reaccionando y juntándose a la resistencia. La noticia ya se esparció en nivel internacional y moviliza apoyo de varias partes del país y del planeta. En ese momento, la Vía Dutra está parada en el kilómetro 154 por manifestantes. Es preciso intensificar las acciones de solidaridad en todo el país. El PSDB y la jueza Márcia y la PM tendrán una cuenta muy alta a pagar.

Pedimos a todos y todas – activistas, personalidades, políticos, artistas y cualquier persona que esté en contra de masacrar una comunidad para favorecer el mercado inmobiliario y a especuladores – que manden mensajes, hagan contactos, pidan más apoyo, denuncien! Y a la presidente Dilma Rousseff, hacemos  un llamado para que intervenga en el conflicto e impida que más vidas sean quitadas.